En Ecuador, alrededor del 30% de las personas con créditos tienen retrasos en sus pagos, siendo el crédito al consumo el más afectado.
Este panorama ha llevado a muchos individuos endeudados a enfrentarse a la posibilidad de ser demandados judicialmente por sus acreedores. Es esencial entender que tanto el deudor como el acreedor tienen responsabilidades y derechos que deben ser equitativamente considerados.
El acreedor tiene la obligación de respetar los términos del préstamo otorgado y, al mismo tiempo, tiene el derecho de exigir el pago en caso de incumplimiento por parte del deudor. Por otro lado, el deudor está obligado a cumplir con los pagos y tiene el derecho de que se respeten las condiciones acordadas al obtener el préstamo.
Proceso de cobro al dejar de pagar una deuda:
Cuando un deudor deja de pagar, el acreedor generalmente comienza con la cobranza extrajudicial. Durante esta fase inicial, el deudor recibirá múltiples llamadas de cobranza en las que se le instará a pagar las cuotas vencidas o a considerar alternativas como la refinanciación de la deuda.
La situación se torna más complicada cuando la entidad acreedora decide avanzar a una segunda etapa, optando por presentar una demanda contra el deudor. En este punto, se inicia la cobranza judicial, donde se busca mediante acciones legales obligar al deudor a pagar las deudas pendientes.
Consecuencias de una demanda judicial por deuda:
No hay un plazo legal establecido para que un acreedor inicie la cobranza judicial; esto dependerá de cada caso y del acreedor en cuestión. Este puede decidir presentar una demanda desde el primer retraso en el pago. Al evaluar el historial de pagos previos, el número de cuotas abonadas hasta el momento, el monto adeudado y las garantías existentes, el acreedor tomará su decisión.
En un proceso judicial por deudas, el deudor se enfrenta a consecuencias adversas como el embargo y subasta de sus bienes. Por lo tanto, es crucial buscar asesoramiento legal de manera oportuna y defenderse con la ayuda de un abogado.
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